Quintana Roo, 15 de mayo de 2026 (Infórmate y +).- Los recientes hundimientos y trabajos correctivos en el Tren Maya son solo el inicio de una crisis estructural y ambiental mayor en el sureste del país.
José Urbina Bravo, buzo profesional e integrante del colectivo Selvame del Tren, advirtió que la calidad de los materiales y la ubicación de la obra sobre cuevas subterráneas comprometen la seguridad del proyecto a largo plazo.
La preocupación central radica en la vulnerabilidad del suelo kárstico de la Península de Yucatán, donde la instalación de infraestructura pesada ignora las advertencias técnicas presentadas desde el inicio de la construcción.
El impacto no solo es logístico, sino que afecta directamente la reserva de agua dulce más importante de la región, pues el sistema de acuíferos está siendo intervenido de forma agresiva por miles de pilotes de concreto y acero.
“Hay más de 10 mil columnas soportando el tren. Estas columnas entran al acuífero y van a diferentes profundidades”, explicó Urbina Bravo durante una entrevista reciente sobre las condiciones del Tramo 5.
El activista señaló que los materiales utilizados carecen de la resistencia necesaria para soportar el contacto permanente con el agua salada y la humedad del subsuelo.
De acuerdo con el integrante de Selvame del Tren, las fallas que se observan actualmente no responden únicamente a errores de cálculo, sino a una deficiencia en la ejecución de la obra.
“Estos pilares que vemos reventados no se reventaron porque el cálculo falló, se reventaron por la pobre calidad”, afirmó el especialista, quien subrayó que el mantenimiento de estas estructuras será prácticamente imposible debido a la dificultad de acceso en las zonas inundadas.
Urbina Bravo cuestionó quién se encargará de las revisiones técnicas bajo el agua en los próximos años, dado que muchas de las zonas afectadas son de difícil acceso incluso para buzos profesionales.
Además de los riesgos de colapso, el activista resaltó que la contaminación del sistema hídrico subterráneo ya se considera un daño irreversible que afectará a las comunidades locales y al ecosistema de la zona.
A pesar de que el gobierno federal defiende la viabilidad de la obra, los reportes de hundimientos han obligado a realizar intervenciones de emergencia. Urbina Bravo sostuvo que, si bien el sureste mexicano requería inversión pública, el destino de los recursos en una obra que demanda mantenimiento permanente y genera daños ambientales no es la solución que la región necesitaba.
Actualmente, el colectivo y diversos especialistas trabajan en propuestas para fortalecer la protección legal de las cavernas y cuerpos de agua en Quintana Roo. El objetivo es impulsar regulaciones que eviten nuevos impactos ambientales, mientras se documenta el deterioro de la megaobra que, según los ambientalistas, presenta un escenario futuro mucho más grave que los incidentes registrados hasta el momento.
