San Luis Potosí, 15 de mayo de 2026 (Infórmate y +).- Un hombre identificado como Francisco “N” recibió una sentencia condenatoria de 12 años y 10 meses de prisión tras ser hallado culpable del delito de tráfico de personas migrantes con agravantes.
La resolución judicial incluye además una sanción económica superior al medio millón de pesos como consecuencia del transporte ilícito de extranjeros en condiciones de riesgo.
Los hechos que derivaron en esta condena ocurrieron en octubre de 2023, cuando agentes de la Policía Federal Ministerial interceptaron un tractocamión sobre la carretera federal 57. El aseguramiento tuvo lugar específicamente en el tramo Matehuala–Monterrey, una de las rutas más vigiladas del país debido al constante flujo migratorio hacia la frontera norte.
Durante la revisión de la unidad, las autoridades localizaron a 98 personas de origen extranjero que viajaban hacinadas dentro de la caja seca acoplada al vehículo de carga.
Entre el grupo de personas rescatadas se encontraban ciudadanos de nacionalidad guatemalteca y salvadoreña, quienes buscaban atravesar el territorio mexicano.
Un dato alarmante del caso es que, del total de migrantes rescatados, 45 eran menores de edad, lo que agravó la situación jurídica del conductor. Tras el hallazgo, los agentes pusieron a disposición del Ministerio Público Federal al detenido, junto con el Informe Policial Homologado que detallaba las condiciones del traslado.
El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en San Luis Potosí fue el encargado de presentar el paquete de pruebas ante el juez federal.
El juzgador determinó que Francisco “N” es penalmente responsable del delito, imponiendo una multa exacta de 518 mil 700 pesos, además del tiempo que deberá pasar tras las rejas.
Este tipo de operativos en la carretera 57 se han intensificado en los últimos años debido a que las redes de tráfico de personas utilizan vehículos de carga comercial para ocultar a grandes grupos de migrantes, exponiéndolos a temperaturas extremas y falta de ventilación.
Con esta sentencia, las autoridades federales buscan enviar un mensaje de cero tolerancia ante la explotación de personas en tránsito por México.
Las personas rescatadas en aquel operativo fueron canalizadas en su momento al Instituto Nacional de Migración (INM) para recibir atención médica y determinar su estatus legal en el país, priorizando la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados.
