De cuatro a siete años de cárcel y multas de 75 a 200 días de salario mínimo será castigado quien abuse por la venta o alquiler de tanques y concentradores de oxígeno, además la pena podría aumentar si el acto se realiza durante la emergencia sanitaria.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, la diputada local por Morena, Esperanza Villalobos Pérez, presento la reforma al 232 bis del Código Penal de la Ciudad de México.
La iniciativa busca sancionar a quienes cometen fraude con la venta y recarga de oxígeno, durante la actual situación de pandemia por Covid-19, al afirmar que se “está atentando directamente contra la vida de las personas” al provecharse de la vulnerabilidad de las personas para incrementar los costos.
La diputada recordó que debido al número de habitantes la Ciudad de México es la que registra mayor numero de casos confirmados y sospechosos de Covid-19.
