El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó formalmente a Morena de incurrir en actos anticipados de campaña rumbo a los procesos electorales de 2027.

De acuerdo con el grupo parlamentario del tricolor, las dinámicas internas del partido oficialista para seleccionar a sus coordinadores de la defensa de la transformación se han convertido en una estrategia velada para promocionar candidatos fuera de los plazos que establece la legislación electoral.

Esto dice Manuel Añorve

El senador priista Manuel Añorve Baños afirmó que los aspirantes morenistas en las 17 entidades donde se renovarán cargos ejecutivos el próximo año se encuentran realizando actividades proselitistas permanentes.

Según el legislador, estos perfiles han desplegado recorridos, eventos masivos, posicionamiento público de imagen y llamados al voto ciudadano, vulnerando la equidad de la contienda antes del inicio oficial del calendario electoral.

Añorve Baños cuestionó severamente la postura cautelosa del Instituto Nacional Electoral (INE) ante estas acciones y demandó una intervención urgente para auditar los recursos empleados en las actividades de la bancada guinda.

El senador sostuvo que existe una descarada anticipación de campañas y señaló que el árbitro electoral no puede mantenerse omiso frente al uso potencialmente indebido de fondos públicos o privados dedicados al impulso de candidaturas.

Entre los estados con mayor despliegue irregular, el legislador destacó casos documentados en Guerrero, Colima y Chihuahua, donde diversos perfiles de Morena han realizado un gasto considerable en propaganda y movilización social.

Añorve denunció que la fuerza política en el poder actúa bajo un esquema de impunidad sustentado en la influencia institucional, lo que genera condiciones desfavorables y de clara desventaja para las demás fuerzas políticas de la oposición.

Finalmente, el representante del PRI confirmó que su partido ya presentó las denuncias correspondientes ante el órgano electoral.

Asimismo, aseguró que cuentan con un expediente de pruebas documentadas que acreditan las presuntas violaciones cometidas por la militancia oficialista, por lo que exigieron la aplicación estricta de la ley y las sanciones correspondientes para detener el proselitismo adelantado.