La ley de Amnistía en el Estado de México podría beneficiar a más de 6 mil personas privadas de su libertad en los penales mexiquenses, el Poder Judicial y Legislativo recalcó que la libertad de los presos no pone en riesgo los derechos de las víctimas, ni representan un riesgo para la sociedad.
El presidente de la Diputación Permanente, Max Agustín Correa Hernández dio a conocer después de la reunión con integrantes del Poder Judicial que ambos poderes acordaron conformar un grupo especial para analizar las cuatro iniciativas, estimando que tener listo un dictamen para ponerlo en consideración de Pleno en noviembre.
Mientras tanto seguirán trabajando con la Fiscalía de Justicia, con los grupos de derechos humanos y familiares de víctimas presos injustamente.
También proponen que el tema sea profundizado y el nuevo ordenamiento pueda llevar el nombre de La Ley de Amnistía y Justicia Penal, para retomar las iniciativas presentadas en el congreso junto con las aportaciones del Poder Ejecutivo y Judicial, la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos.
A la reunicon asistió Julio Alfonso Hernández Ramírez, presidente de la comisión de Derechos Humanos; Sergio García Sosa, presidente de la comisión de Procuración y Administración de Justicia y Gerardo Ulloa Pérez del grupo parlamentario de Morena y como parte de los proponentes.
“Se espera que para el mes de septiembre se puedan presentar los avances y de ser posible el trabajo final de mejora que generará esta comisión. La expectativa es que en noviembre se esté aprobando en el Pleno de la Legislatura la Ley de Amnistía para el Estado de México”.
La cooperación de ambos poderes estará integrada por asesores de los diputados promoventes de la iniciativa, asesores de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura, y representantes del Poder Judicialedomex, fortaleciendo el acuerdo de los instrumentos y la experiencia de la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución de Penas que ha permitido poner en libertad a más de mil personas privadas de su libertad durante la pandemia.
Durante la reunión el presidente del Tribunal Superior de Justicia se manifestó a favor de una Ley de Amnistía efectiva y que tenga un impacto en beneficio de quienes se encuentran privados de su libertad e insistió en la necesidad de desarrollar proyectos de reinserción social, a través de la creación de la Cámara de la Industria Penitenciaria.
El análisis estadístico relacionados con la iniciativa de ley fue que del año 2015 al 2019 fueron sentenciadas a pena de cárcel 2 mil 799 personas por delitos no graves, quienes representan aproximadamente 4 por ciento de la población penitenciaria.
