En el contexto del Día Internacional contra la Corrupción el INEGI dio a conocer estadísticas sobre estos actos, en el que Morelos ocupa el tercer lugar a nivel nacional.
La corrupción puede ser definida como “el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual”
Aunque se trata de un fenómeno extendido a lo largo del país, es posible distinguir diferencias entre entidades. En 2017, en 11 entidades se estimaron prevalencias superiores a la prevalencia de corrupción a nivel nacional entre la población, siendo la Ciudad de México la entidad que registró la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción, con 20.1% de la población que tuvo contacto con alguna autoridad o servidor público, mientras que en Puebla o Guanajuato esta prevalencia no superó el 10%.
Ello significa que una persona de la Ciudad de México tiene casi el doble de probabilidad de ser víctima de un acto de corrupción al tener trato con un servidor público que un ciudadano de Guanajuato, Puebla, Colima o Veracruz (Gráfica 2).
Al considerar lo reportado por las unidades económicas en 2017, se observa cierta congruencia en las entidades donde la población reportó las mayores y las menores prevalencias de corrupción. De nuevo destaca la Ciudad de México como la entidad con la mayor proporción de establecimientos víctimas
de corrupción con 11 de cada 100 unidades económicas, seguida por los estados de México, Morelos y Quintana Roo.
En el país se percibe que la corrupción es una práctica ampliamente extendida en los espacios de acción gubernamental. En 2017, nueve de cada 10 adultos residentes de áreas urbanas consideraron que la corrupción es una práctica frecuente entre los empleados del gobierno estatal quienes buscan obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores por la provisión de algún bien o servicio.
Pese a que la ocurrencia de hechos de corrupción no es tan alta como la percepción de esta, la proporción de personas adultas que fueron víctimas de al menos un acto de corrupción se ha
incrementado en los últimos años, al pasar de 12.1% en 2013 (3.6 millones de personas) a 14.6% de la población (5.2 millones) que en 2017 tuvo contacto con algún servidor público (Gráfica 1).
Esto significó que en 2017 la tasa de incidencia de corrupción (25 541 delitos por cada cien mil habitantes) fuera incluso más alta que la tasa de incidencia delictiva de robo en calle o transporte público4.
Respecto a las unidades económicas, 247 267 establecimientos fueron víctimas de corrupción en 20175. La prevalencia de corrupción también aumentó significativamente entre 2013 y 2017, para colocarse en un nivel de 5.4% del total de los establecimientos en 2017.
