La Fiscalía Especializado en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto de Morelos, solicitó la colaboración a su homóloga del Estado de México para gestionar una orden de cateo en un inmueble ubicado en el poblado de San Juan Tlacotompa, con el propósito de cumplimentar la orden de aprehensión vigente en contra de Kevin “N”, de 26 años de edad.
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Sobre los hechos:
Los hechos que motivaron su detención ocurrieron en el año 2021 en la zona oriente del estado, cuando la persona víctima fue privada de su libertad y trasladado hasta el lugar de cautiverio donde sufrió la mutilación de un dedo por parte de los activos, exigiendo a la familia de la víctima una suma de dinero a cambio de su liberación y bienestar.
Al realizar las investigaciones correspondientes, se logró determinar la identidad del secuestrador como Kevin “N”, vecino del Estado de México, quien se desempeñaba como servidor público municipal de Ecatzingo, en esa entidad; solicitando su orden de aprehensión.
Resultado de los procesos de investigación, se identificó el inmueble donde radicaba, ubicado en el poblado de San Juan Tlacotompa, Estado de México, mismo que fue cateado por personal AIC-UECS de Morelos en colaboración con la Fiscalía Especializada de Secuestro del Estado de México y con apoyo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Una vez capturado, Kevin “N” fue trasladado a la Cárcel Distrital de Cuautla, en donde quedó a disposición del Juez de Control, celebrándose la audiencia en la que el Agente del Ministerio Público le formuló imputación y realizó la exposición de los datos de prueba, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva.
Al continuarse la audiencia inicial, el Juez de Control de Cuautla resolvió vincular a proceso a Kevin “N”, por el delito de secuestro agravado, concediendo un plazo de investigación complementaria de tres meses.
Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Morelos refrenda el trabajo que permita el combate a la impunidad, a través de acciones coordinadas con las instituciones de seguridad pública y autoridades coadyuvantes, para garantizar el acceso de las víctimas a la procuración de justicia.
