Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó una sentencia condenatoria de 80 años de prisión en contra de Eudis “N” y María Guadalupe “N”, tras quedar plenamente demostrada su responsabilidad penal en el delito de secuestro agravado. Las indagatorias ministeriales acreditaron que la pareja participó activamente en la privación ilegal de la libertad de un ciudadano en el municipio de Xochitepec, un caso que derivó en el fallecimiento de la víctima a pesar de las exigencias económicas interpuestas a los familiares.
La resolución judicial contra los agresores representa un avance en el combate a los delitos de alto impacto que vulneran la paz de los municipios de la zona metropolitana y sur del estado. El seguimiento puntual de los expedientes de secuestro, respaldado por investigaciones científicas y de campo, resulta indispensable para evitar que los infractores evadan la acción de la justicia al huir hacia otras entidades de la República Mexicana tras cometer los ilícitos.
La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, mediante su representación social especializada, aportó las pruebas necesarias para demostrar que los ahora sentenciados capturaron a un hombre el 16 de abril de 2023. Horas después del rapto, los captores entablaron comunicación con los parientes de la víctima para exigir una fuerte suma de dinero en efectivo a cambio de su liberación.
La víctima fue localizada sin vida apenas un día después de su desaparición, el 17 de abril, sobre un camino de terracería ubicado en el poblado de Alpuyeca, perteneciente a la misma demarcación de Xochitepec. Los peritos de la fiscalía estatal acudieron al lugar del hallazgo para realizar el levantamiento formal del cuerpo e iniciar la recolección de los indicios balísticos y forenses necesarios para robustecer la carpeta de investigación.
Los análisis de telefonía y las entrevistas recabadas por los agentes de la FIDAI permitieron identificar a Eudis “N” y María Guadalupe “N” como los autores materiales del crimen. Al solicitarse las órdenes de aprehensión, las corporaciones policiacas detectaron que los sospechosos habían abandonado el territorio morelense para ocultarse en la región huasteca del país, lo que obligó a activar los protocolos de colaboración interinstitucional.
En mayo de 2023, elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro ubicaron el paradero de la pareja en el municipio de Cárdenas, San Luis Potosí. En un despliegue conjunto con la Policía de Investigación de ese estado, los agentes detuvieron a los fugitivos y los trasladaron al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, donde además de los 80 años de cárcel, se les impuso el pago de una multa económica y la reparación integral del daño.
