Ciudad de México, 15 de julio de 2026 (Infórmate y +).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó una iniciativa de Ley General contra el Feminicidio que será enviada al Poder Legislativo para su discusión y eventual aprobación.
Esta propuesta busca unificar los criterios penales y procesales para que las muertes violentas de mujeres no sean clasificadas erróneamente por las autoridades locales como suicidios u homicidios dolosos.
Esta reforma responde de manera directa a la modificación constitucional aprobada en mayo, la cual facultó al Congreso de la Unión para legislar a nivel nacional en materia de feminicidio.
Hasta el momento, este delito es regulado con marcadas diferencias en las 32 entidades federativas del país, lo que obstaculiza el acceso equitativo a la justicia para las víctimas y sus familias.
Unificación de protocolos de investigación criminal
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal detalló que la ley tiene como propósito garantizar que las fiscalías de todo el territorio nacional apliquen los mismos estándares y metodologías de investigación científica.
De este modo, se pretende reducir al mínimo la posibilidad de que un feminicidio sea archivado o catalogado de forma equivocada bajo otras figuras jurídicas.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, puntualizó que se han identificado notorias deficiencias operativas en los ministerios públicos locales.
Entre los problemas más recurrentes se encuentran la pérdida de indicios durante las primeras diligencias, la ausencia de un análisis de contexto de las violencias y el escaso uso de la perspectiva de género.
Estos factores han derivado históricamente en un subregistro de casos y en altos niveles de impunidad que se buscan revertir con las nuevas directrices obligatorias.
Como parte de los esfuerzos integrales para erradicar las agresiones de género en las comunidades, en el plano local también se han desarrollado mecanismos de atención inmediata, tales como la habilitación de los Puntos Violeta en Cuernavaca para auxiliar de manera presencial a mujeres que se encuentren en situaciones de riesgo o vulnerabilidad en la vía pública.
Sanciones severas y protección a la infancia
La iniciativa federal establece una penalidad homologada de 50 a 70 años de prisión para quienes cometan este delito, además de incorporar 19 agravantes que permitirán elevar los castigos.
Entre estas condicionantes se encuentran los casos donde las víctimas sean niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultas mayores, migrantes o personas con discapacidad. Asimismo, se contemplan penas más severas si la agresión involucra el uso de ácidos, sustancias inflamables o si se comete contra periodistas y defensoras de los derechos humanos.
Por otra parte, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges, resaltó que la ley obligará a la creación de protocolos de actuación estandarizados.
Adicionalmente, el proyecto prevé el desarrollo de un Registro Nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, con la finalidad de asegurar medidas de reparación integral del daño y atención especializada para las víctimas indirectas de estos crímenes.
