Chilapa, 12 de mayo de 2026 (Infórmate y +).- Desde hace unos días se ha denunciado el desplazamiento de familias por violencia ejercida por grupos armados, esto es lo que esta pasando en Guerrero, al momento el gobierno ordenó una intervención inmediata en Chilapa de Álvarez, Guerrero, ante la crisis humanitaria que atraviesa la región.
El conflicto ha escalado de manera alarmante en las últimas semanas. El Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que más de 2,000 personas indígenas han sido desplazadas por la violencia, huyendo de comunidades como Alcozacán, Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán.
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Por su parte, el Gobierno Federal ha confirmado la atención directa a un grupo inicial de, al menos, 96 personas que abandonaron sus viviendas para salvaguardar su integridad.
Este desplazamiento forzado es consecuencia directa de las constantes agresiones, ataques armados e incendios de viviendas atribuidos al grupo delictivo “Los Ardillos”. Los reportes indican el uso de drones con explosivos y balaceras que han cobrado la vida de integrantes de las comunidades, como José Guadalupe Ahuejote Xanteco y Víctor Ahuejote Arribeño, localizados en la carretera Chilapa–Tlapa.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, fue designada como la responsable de coordinar las mesas de atención en el sitio. Durante su llegada a la zona de conflicto, la secretaria de Gobernación afirmó:
“Estamos aquí por instrucción directa de la presidencia para escuchar a cada una de las familias. No permitiremos que el miedo dicte la vida de los guerrerenses; el Estado tiene la responsabilidad de recuperar la paz en estos territorios”.
Representantes de los grupos desplazados manifestaron su preocupación por la falta de garantías para un retorno seguro.
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“Necesitamos más que promesas; queremos seguridad permanente para volver a nuestras tierras sin el temor de ser interceptados por los grupos armados que controlan los accesos”, señaló uno de los líderes comunitarios tras la primera mesa de diálogo con las autoridades federales.
Se espera que en los próximos 10 días se presente un padrón oficial de daños para iniciar la reparación del tejido social y el apoyo económico a quienes perdieron sus cultivos. El gobierno federal busca evitar que este fenómeno de desplazamiento se extienda a municipios colindantes, manteniendo una vigilancia constante en las rutas de salida y entrada a Chilapa.
