Ciudad de México, 10 de octubre de 2023 (Agencia Reforma /Mayolo López).- Por unanimidad, el pleno del Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para que los patrones se abstengan de solicitar o exigir la presentación de cartas de no antecedentes penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
Con 69 votos a favor, las y los legisladores avalaron el proyecto que prohíbe a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de antecedentes penales.
El proyecto también reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, para que no se discrimine a razón de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o antecedentes penales, para el ingreso, permanencia o ascenso de los trabajadores.
Al presentar el dictamen –turnado a la Cámara de Diputados–, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, explicó que el proyecto está encaminado a impulsar una verdadera oportunidad de reinserción social para las personas que hayan cometido algún delito.
Quienes salen de la prisión, dijo, no sólo se encuentran tras el escrutinio público, sino que también ven truncada sus oportunidades para acceder a un empleo digno, lo que ocasiona que sólo tengan oportunidad a empleos precarizados, por lo que podrían recaer en actos delictivos.
La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PT, consideró que para la iniciativa privada el no pedir la carta de antecedentes penales está bien, pero no en la Administración Pública. Dijo que, en el caso de Aguascalientes, hay funcionarios corruptos, “por lo que me parece un error en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el no pedir la carta de antecedentes penales”.
Los senadores aprobaron también un dictamen para que los campesinos accedan al seguro social, y uno para que modifica diversas leyes, con el propósito de establecer un lenguaje inclusivo en la redacción de los ordenamientos jurídicos, con el objeto de dar continuidad a la política en el trabajo legislativo que se ha implementado en materia de lenguaje de género.
