La presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, diputada Julieta Fernández Márquez (PRI), promueve un exhorto para la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República, debido a que no se ha reparado el daño a las víctimas que pasaron por este delito y no se dio seguimiento adecuado al fondo de ayuda.
Resaltó que seanalizaron las sentencias que se han dado desde 2009, más de novecientas; a más o menos 700 personas se les dictó auto de formal prisión y se registraron más de mil 300 víctimas.
La legisladora María Verónica Muñoz Parra (PRI) expuso que el artículo 81 de la Ley General para Prevenir la Trata de Personas, establece un fondo para la protección y asistencia a víctimas de delitos previstos en la ley de la materia, el cual no ha operado desde el 2014; necesita urgentemente una reasignación de recursos que solo podrá proporcionar la Secretaría de Hacienda.
Argumentó que los recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados o productos relacionados con la comisión de los delitos previstos en la ley de la materia, deben destinarse a la reparación del daño de las víctimas.
Dijo que además de la coacción y la frecuente violencia física existen varias secuelas en las víctimas sujetas a la explotación sexual, como las infecciones de transmisión sexual, abortos forzados y consumo de estupefacientes e, incluso, muertes anónimas e impunes a manos de sus propios agresores y explotadores.
La diputada Xitlalic Ceja García (PRI) expresó que existe preocupación por la indiferencia que ha existido hacia las víctimas de trata, aunque reconoció que hay grandes avances en la materia; las consecuencias que viven las sobrevivientes de este delito han pasado desapercibidas para las autoridades correspondientes, señaló.
Manifestó que el impacto de la trata en sus víctimas, especialmente en mujeres y niñas que representan el 98 por ciento de los casos, es devastador, dejando huellas de por vida en personas sobrevivientes a este delito.
La presidenta de la Asociación Unidos contra la Trata, Rosi Orozco, afirmó que durante años la sociedad civil se ha encargado de las víctimas, y jamás han tenido un peso del gobierno estatal ni federal.
