El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez y legisladores del grupo parlamentario del PVEM, plantearon exhortar a autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar políticas y acciones que promuevan entre la ciudadanía adoptar nuevos hábitos de movilidad urbana sustentable y prevención de accidentes.
Asimismo, lograr una sana convivencia en las calles; respetar el desplazamiento del peatón y su preferencia; prevenir conflictos de tránsito; desestimular el uso del automóvil particular, así como promover el uso intensivo del transporte público y no motorizado como las bicicletas y aquellos de bajo impacto ambiental.
El punto de acuerdo, presentado ante la Comisión Permanente, refiere que de acuerdo con el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, las elevadas tasas de motorización, la prioridad en calles y ciudades para vehículos motorizados y la insuficiente educación vial, contribuyen a que los accidentes de tránsito sean la primera causa de muerte en infantes de 5 a 14 años y la segunda en jóvenes de 15 a 29 años; así como la segunda causa de discapacidad motora.
En cuanto a seguridad vial, subraya que las zonas urbanas representan el mayor riesgo, pues en ellas ocurre el 94 por ciento de los accidentes de tránsito y el 43 por ciento de los decesos.
Menciona que en algunas ciudades, como la del Valle de México las emisiones generadas por vehículos representan hasta un 60 por ciento de la contaminación total por partículas suspendidas gruesas (PM-10). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren en nuestro país 14 mil 700 personas a causa de enfermedades asociadas a la contaminación del aire.
Los automóviles particulares, indica la OMS, generan 18 por ciento de las emisiones de CO2, principal gas causante del efecto invernadero. Este fenómeno podría costar al país hasta el 6 por ciento del PIB, si no se toman medidas de prevención adecuadas (ITDP, 2012).
El documento refiere que se estima que en 2050 el 70 por ciento de la población mundial vivirá en ciudades; por lo tanto, el transporte público y privado es uno de los problemas más representativos en la mayoría de las mismas, ya que su eficacia resulta esencial para la vida y la economía de las personas, instituciones y empresas.
Por ello, los legisladores consideraron necesario que desde la política nacional se implemente un consumo responsable que proponga que los desplazamientos sean más seguros, menos contaminantes y más eficientes.
Asimismo, llevar a cabo un trabajo intersectorial que a través de instrumentos de gestión modernos transforme los hábitos de desplazamiento e incentive el uso eficiente del espacio público mediante la implementación de proyectos de oferta y gestión de la demanda, así como obras de infraestructura que reduzcan la dependencia del uso del automóvil y atraigan a sus usuarios, realizar acciones en favor de la sustentabilidad ambiental.
Se debe promover la inclusión de criterios de movilidad urbana sustentable en los reglamentos de vialidad y tránsito a nivel local e impulsar la modificación de la normatividad local para garantizar la construcción de infraestructura peatonal, ciclista y de transporte público adecuada.
-Redacción-
