Se emitió una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), después de que una joven de 16 años con dos meses de embarazo muriera en una persecución de elementos de la Guardia Nacional.
La agresión fue a una pareja que viajaba por la carretera libre de Zapotlanejo, Guadalajara. Fueron perseguidos por tres elementos de la Guardia Nacional, quienes durante el hecho accionaron sus armas provocando la muerte de la joven.
Tras la integración del expediente de queja, la CNDH corroboró que la pareja rebasó una unidad con miembros de Guardia Nacional quienes se percataron que la camioneta estaba circulando sin placas y a exceso de velocidad, por lo que les marcaron el alto.
“Se inició una persecución que concluyó cuando los elementos de la Guardia Nacional accionaron sus armas y, una vez realizada la detención, se percataron que la mujer menor de edad y embarazada, había perdido la vida a causa de los disparos”, dice la recomendación.
Así mismo se cuenta con la evidencia suficiente en donde señala que los elementos de la Guardia Nacional no se ajustaron a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas, ni tampoco a lo establecido en los estándares internacionales sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
“Su actuación derivó en un uso ilegal y excesivo de la fuerza letal, que vulneró el derecho humano a la vida, a la integridad, a la seguridad personal y legalidad, de las dos víctimas de la agresión”, se comenta en la recomendación.
“El uso de la fuerza aplicado por los elementos de la Guardia Nacional que provocó la muerte de una mujer embarazada, no fue gradual, ni se intentó reducir al mínimo los daños. Tampoco se advirtió que hayan intentado realizar maniobras menos letales, ni pudieron acreditar que el uso de las armas haya sido estrictamente inevitable, como lo establece la legislación aplicable”, señala la CNDH.
A su vez, la CNDH también pide colaborar con la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa en contra de las personas servidoras públicas señaladas como responsables.
