Ciudad de México, 17 de junio de 2026 (Infórmate y +).- Una investigación periodística basada en documentos oficiales de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha revelado que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena utilizó la infraestructura del organismo público Financiera para el Bienestar (Finabien, anteriormente conocido como Telecomm Telégrafos) para la dispersión masiva de supuestos “apoyos sociales” en todo el territorio mexicano.
Este esquema operó bajo un convenio secreto que se mantuvo vigente desde el 1 de junio de 2022 y concluyó formalmente el 28 de junio de 2024, pocas semanas después de la elección federal en la que Claudia Sheinbaum resultó electa como presidenta de la República.
La gravedad de la operación radica en que ni las leyes electorales federales vigentes ni los propios estatutos internos de Morena facultan a los partidos políticos para otorgar o dispersar recursos económicos bajo el concepto de “apoyos sociales”.
A pesar de esto, Morena y Finabien formalizaron el convenio con clave DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/60/2022 (identificado en auditorías posteriores como DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/44/2025). Tras una exhaustiva revisión de los informes de rendición de cuentas presentados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) entre los años 2022 y 2024, se corroboró que el partido guinda ocultó por completo la existencia de este millonario contrato a la autoridad fiscalizadora.
De acuerdo con reportes internos obtenidos por MCCI, Morena pagó una cifra inicial de 3 millones 520 mil pesos únicamente para cubrir las comisiones comerciales cobradas por el organismo federal para realizar la entrega de los giros o remesas nacionales. Finabien fijó una tarifa de 12 pesos más IVA por cada operación procesada. Esta transacción quedó registrada formalmente a través de tres facturas emitidas a favor del partido: la A987442, la A981690 y la A987691.
Sin embargo, una fiscalización profunda realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) de Finabien mediante la auditoría financiera de cumplimiento con clave 2025-02-OIC-9-KCZ-AFC-005 sacó a la luz discrepancias significativas. Los auditores determinaron en su cédula de resultados definitivos, fechada en diciembre de 2025, que el monto facturado no coincidía con los movimientos reales.
El contrato original estipulaba la emisión de un tope de 252 mil 901 giros para apoyos sociales; no obstante, el personal de Finabien solo logró procesar de manera efectiva 140 mil 878 operaciones. Debido a esta ineficacia operativa, la institución se vio obligada a realizar un reintegro de 1.6 millones de pesos a Morena por concepto de comisiones cobradas en demasía.
El informe de auditoría, que consta de 58 páginas complementadas por una cédula de resultados de 93 páginas, también encendió las alarmas debido a graves faltas de seguridad y cumplimiento normativo. Las autoridades fiscalizadoras concluyeron de forma contundente que Finabien violó flagrantemente la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ley antilavado).
Los documentos muestran que desde el 6 de enero de 2023 la gerencia comercial alertó a la Subdirección de Seguridad de Finabien sobre la urgencia de aplicar estrictos sistemas de control y protocolos financieros sobre el contrato firmado con Morena. Pese a las advertencias, las áreas operativas hicieron caso omiso y jamás presentaron evidencia que subsanara la total falta de control antilavado en las transacciones del partido oficialista.
Expertos en materia electoral y exconsejeros comparan este modus operandi con escándalos históricos de financiamiento paralelo como el “Monexgate”, señalando la ilegalidad de desviar recursos de prerrogativas partidistas hacia programas de subsidios directos. Al cierre de la investigación, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena guardó silencio y no respondió a los cuestionamientos sobre el origen de los recursos ni el destino final de las transferencias.
