La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que personal de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos ejecutó de forma arbitraria a seis personas, entre los que se encuentran dos menores, durante los tres operativos que se realizaron en los límites de Temixco y Cuernavaca el pasado 30 de noviembre de 2017, los cuales derivaron en el enfrentamiento armado entre policías y civiles.
Después de la investigación de los hechos, el organismo concluyó que los elementos de seguridad incurrieron en allanamientos a las casas en las que estaban las víctimas; detenciones arbitrarias de siete personas, incluido un adolescente; uso excesivo de la fuerza que culminó en la ejecución arbitraria de seis personas, incluidos dos menores de edad; trato cruel, inhumano y degradante derivado de las lesiones a cuatro personas, entre ellos dos infantes; dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común en Cuernavaca, Morelos, y colocación deliberada del arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima.
La madrugada del 30 de noviembre de 2017, integrantes de la Comisión Estatal de Seguridad Pública acudieron al número 238 de la calle Francisco I. Madero, en la colonia Rubén Jaramillo, Temixco, tras recibir una denuncia ciudadana. Ahí, les dijeron, se ubicaba una casa de seguridad donde “se presumía la existencia de personas privadas de la libertad”.
Sujetos armados abrieron fuego en contra de los uniformados cuando arribaron al sitio y estos repelieron el ataque. Las detonaciones se prolongaron durante al menos dos horas y concluyeron cuando los presuntos integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se rindieron, según el reporte oficial.
Ante dicha situación, emitió la Recomendación 21VG/2019, donde atribuyó al Gobierno local la implementación inadecuada de políticas públicas para abatir los altos índices delictivos imperantes; mientras que señaló a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos por la dilación irregular de las carpetas de investigación radicadas por las conductas delictivas cometidas en agravio de las víctimas, y a la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad por las irregularidades observadas en la resolución de la carpeta administrativa instruida contra los elementos policiales que participaron.
