Cuernavaca, 18 de mayo de 2026 (Infórmate y +).-La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para cambiar la fecha de la elección judicial prevista para 2027 y recorrerla a 2028.
Actualmente, la elección de jueces y magistrados estaba proyectada para celebrarse en 2027, año en el que también habrá votaciones para gubernaturas, congresos locales y alcaldías en distintas entidades del país. De mantenerse el calendario original, el INE tendría que organizar procesos simultáneos, lo que implicaría mayores costos, presión logística y retos en la instalación de casillas.
La mandataria señaló que uno de los principales motivos del ajuste es operativo, “Si se mantiene en 2027, coincidiría con elecciones locales en varios estados y eso complica la organización y eleva los costos para el INE”, sostuvo.
La propuesta contempla varios cambios adicionales al calendario. Uno de ellos es la creación de una Comisión Coordinadora que homologará metodologías y criterios de evaluación de los Comités de Evaluación de los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con esto se busca que los perfiles aspirantes a cargos judiciales sean evaluados bajo parámetros similares en todo el país.
Otro punto plantea reducir el número de candidaturas por cada Poder para facilitar la votación. De acuerdo con el esquema propuesto, los Comités de Evaluación revisarán conocimientos, competencias, antecedentes y buena fama pública para seleccionar a cuatro personas por cada cargo, después, mediante una insaculación pública, el número se reducirá a dos candidaturas por puesto y especialidad.
La iniciativa también propone simplificar la boleta electoral. Cada persona votante elegiría a un juez y a un magistrado por cada especialidad, entre las candidaturas postuladas por los tres Poderes. Las papeletas distinguirían claramente qué Poder respalda a cada aspirante, e incluirían a quienes estén en funciones y busquen la reelección.
Además, se plantea establecer capacitación permanente obligatoria para jueces y magistrados. El Tribunal de Disciplina implementaría programas de actualización continua, mientras que la ley secundaria definiría criterios, metodologías y plazos para evaluar el desempeño de las personas juzgadoras.
