El Poder Ejecutivo federal publicó este lunes 25 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que deja sin efectos de forma definitiva la modificación que pretendía cambiar la habilitación del Puerto de Loreto, ubicado en el estado de Baja California Sur. La medida frena los planes de reconfiguración marítima en una de las zonas de mayor riqueza ecológica del noroeste del país.
La decisión administrativa responde de manera directa a la presión social ejercida por activistas y habitantes de la región costera. El documento técnico de la federación reconoce la necesidad apremiante de equilibrar el desarrollo económico derivado de la infraestructura portuaria con la conservación ambiental de los ecosistemas marinos, atendiendo las preocupaciones legítimas expresadas por la población local.
El decreto, firmado por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, establece textualmente en su artículo primero que se abroga el estatuto previo que modificaba las condiciones operativas de la terminal. Con este mandato legal, queda anulado el acuerdo publicado originalmente el 10 de abril de 2026, restituyendo las condiciones de navegación anteriores.
Además de eliminar por completo la polémica modificación, la nueva disposición del gobierno federal contempla la creación de un mecanismo institucional específico para analizar y planificar el futuro de la infraestructura marítima en la entidad. Este esquema técnico buscará integrar la participación de especialistas en sustentabilidad para evitar afectaciones ecológicas irreversibles.
“Se establece la Mesa de Trabajo para elaborar la propuesta del nuevo instrumento por el que se realizará la regulación administrativa en materia de navegación”, señala el mandato del Ejecutivo respecto a las atribuciones de este nuevo órgano colegiado que sustituirá las decisiones unilaterales tomadas con anterioridad.
La mesa de análisis tendrá un carácter estrictamente temporal y deberá instalarse formalmente en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del ordenamiento. Su objetivo primordial será definir lineamientos de largo plazo que armonicen de forma efectiva todas las actividades portuarias comerciales con la protección estricta del entorno natural de Baja California Sur.
