Tabasco, 15 de junio de 2026 (Infórmate y +).- El proceso legal en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco, ha alcanzado un punto crucial.
Este lunes concluyó formalmente la etapa intermedia del juicio en su contra, en el cual se le imputan cargos graves de secuestro, extorsión y asociación delictuosa en agravio de un empresario local.
La Fiscalía del Ministerio Público sostiene como hipótesis central que el exjefe policial se desempeñaba presuntamente como el líder máximo y la cabeza operativa de la organización criminal conocida como “La Barredora” dentro del territorio tabasqueño.
De acuerdo con las investigaciones expuestas por la representación social, Bermúdez Requena, quien ejerció el mando de la seguridad estatal durante la gestión del exgobernador Adán Augusto López, habría formado parte activa de esta red delictiva desde el año 2017.
Los señalamientos indican que, en lugar de combatir los índices de criminalidad, el exfuncionario utilizó de manera sistemática sus cargos públicos de alto nivel y la infraestructura del aparato de seguridad del Estado para facilitar, proteger y beneficiar las actividades ilícitas del grupo criminal en diversos municipios de la entidad.
Durante el desahogo de la etapa intermedia, el equipo de abogados defensores del imputado implementó una estrategia legal con la finalidad de desestimar y excluir del expediente los testimonios clave que vinculan de manera directa a Bermúdez Requena con los integrantes de “La Barredora”.
Sin embargo, la defensa sufrió un revés relevante debido a que el juez de control determinó que ninguna de las pruebas aportadas por el Ministerio Público fuera desechada, blindando por completo los elementos incriminatorios de cara a la etapa final del juicio.
Debido a la gravedad de los delitos cometidos mediante el uso de la fuerza pública, la Fiscalía solicitó de manera formal una condena de hasta 154 años de prisión para el exfuncionario.
De igual manera, las autoridades judiciales exigieron su inhabilitación definitiva para el ejercicio de cualquier cargo en la administración pública, así como el pago de una histórica reparación del daño en favor de la víctima afectada, cuya cifra supera los 600 millones de pesos.
A pesar de la validez de todas las pruebas admitidas y el cierre de la fase intermedia, el juez de la causa se reservó el derecho de fijar una fecha exacta para el arranque del juicio oral.
Esto obedece a que todavía se encuentra pendiente de resolución un juicio de amparo promovido por la defensa del acusado, el cual funciona como el último recurso constitucional para intentar modificar los términos de la imputación o detener el avance del caso.
Mientras los tribunales federales emiten un veredicto definitivo sobre dicho amparo, el exjefe de seguridad de Tabasco permanecerá recluido en prisión preventiva.
