La Fiscalía de la República informó que las imputaciones al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no corresponden a un proceso de extradición formal, sino a un requerimiento de medida cautelar para una detención con fines de extradición.
Raúl Jiménez Vázquez, Fiscal Especializado de Control Competencial, sostuvo que ejecutar la aprehensión en este momento representaría una violación a los derechos humanos del funcionario.
De acuerdo con la postura institucional, la detención solo puede proceder si se presentan “pruebas sólidas” que acrediten los delitos, en una situación que deja ver la búsqueda de tiempo para detención del gobernador.
Asimismo, afirman que, no existe fundamento ni evidencia que justifique una detención provisional. La fiscalía indicó que el pedimento de extradición no cuenta con pruebas anexas que demuestren la comisión de un ilícito.
