De acuerdo con el informe “Es un secreto” realizado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI), en México siete escuelas públicas y privadas han sido operadas por grupos delictivos a la explotación infantil organizada, en la que participan maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia.
De acuerdo al informe coordinado por la maestra Margarita Griesbach Guizar y presentado por los académicos y activistas Karina Ansolabehere, Maite Azuela, Lydia Cacho, Denise Dresser, Manuel Gil Antón, José Guevara, Lorenzo Meyer, Juan Martín Pérez y Luis Daniel Vázquez, “numerosos preescolares y primarias han sido capturados y utilizados como espacios para la comisión de delitos de explotación sexual infantil en línea”.
En 2011, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), contactó a la ODI para solicitar apoyo legal para las víctimas, todas de entre tres y cinco años de edad, luego de que cientos de menores vivieran abuso por parte de la directora del Jardín de Niños Andrés Oscoy, en Iztapalapa.
Declaraciones de los menores:
De acuerdo con los menores, las agresiones se dan en diferentes partes del plantel, entre ellos, los patios, oficinas de los directores, baños, salones, e incluso fuera de la escuela, donde “describen ser penetrados con jeringas con agua, con popotes o con papeles sucios, incluso manchados con excremento”.
También describen ser ahorcados u obligados a lastimar a otros compañeros y compañeras; además, “niños y niñas refieren ser grabados o fotografiados”.
Al menos 13 de los niños refieren tocamientos y actos de violación equiparada. Tres de ellos describen haber sufrido violación, 11 dicen haber sido golpeados, algunos narran que adultos se exhibían ante los alumnos o que exhibían la agresión en contra de un pequeño frente al grupo. Varios describen actos sexuales entre adultos que toman lugar durante la agresión.
“Entre las narraciones de las víctimas, algunos refieren ser amarrados o amordazados y una niña dice haber sangrado. Además de altos niveles de violencia, las víctimas refieren dinámicas y rituales grotescos”, que eran hechos pasar como juegos.
Por meses o años nadie en la Secretaría de Educación Pública (SEP) se enteró de lo que ocurría en esta escuela ni investigó o cuestionó que 10 de sus funcionarios estuvieran dedicados a la explotación sexual infantil.
Además de este caso, el informe documenta otros ocurridos desde 2001 hasta la fecha en escuelas de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Oaxaca, Morelos y San Luis Potosí, que podrían involucrar a un número mucho mayor de víctimas y en donde se desconoce si los profesores e involucrados fueron sentenciados o están libres dando clases.
El informe, refiere con detalles un problema de dimensiones mayores en materia de explotación sexual infantil, pederastia y pornografía en las escuelas públicas y privadas de México.
