Los legisladores mexicanos se disponen a convertir en ley el papel de las fuerzas armadas en la guerra contra el narcotráfico, lo que ha desatado críticas que señalan que eso mantendrá a los soldados en las calles de manera indefinida y significará la suspensión de derechos civiles básicos.
Se prevé que la votación en la Cámara de Diputados de México suceda este mismo jueves, tras lo cual el debate pasaría al Senado con el objetivo de que la llamada Ley de Seguridad Interior sea avalada antes de que termine el actual periodo legislativo, el 15 de diciembre.
Los partidarios del paquete de seguridad interior dicen que esta ley establecería un marco legal para que las fuerzas armadas mexicanas continúen con su lucha contra el crimen organizado, declarada hace más de una década por el poder ejecutivo. El presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, han presionado para que se apruebe la medida.
“Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser solamente una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad”, dijo Peña Nieto el miércoles 29 de noviembre. “Confío en que el Congreso de la Unión atenderá con la urgencia que hoy se requiere esta importante iniciativa”.
Sin embargo, un conjunto de críticos, desde expertos constitucionalistas hasta organismos de defensa de derechos humanos dicen que la propuesta legislativa dejará a las fuerzas armadas por encima de los mecanismos civiles de rendición de cuentas y reducirá los incentivos para que las autoridades locales y estatales construyan organismos policiales efectivos.
