La ley Indrid fue hecha en honor a Ingrid Escamilla, una joven de 25 años que fue asesinada en febrero del 2020.
El proyecto de reformas al artículo 225 del Código Penal Federal, turnado al Senado de la República, busca evitar la “revictimización” de las personas, particularmente mujeres, y fue impulsado por la sociedad civil tras la difusión indebida de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en la Ciudad de México en febrero de 2020.
En respuesta la fiscalía de la Ciudad de México presentó una iniciativa para adicionar el artículo 293 del Código Penal de la Ciudad de México, persiguiendo 3 Objetivos:
- Tipificar de forma autónoma las conductas que realicen las personas o servidores públicos que de manera indebida revelen o difundan, imágenes, vídeos o grabaciones; así como archivos o información de la carpeta de investigación.
- Fortalecer la protección de los derechos de las víctimas.
- Combatir la violencia de género mediática.
Por unanimidad, con 470 votos, la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Ingrid para castigar hasta con 10 años de prisión a servidores públicos que graben, reproduzcan, compartan, distribuyan o comercialicen imagen, audio, video, documento, información, indicio o evidencia relacionados con una investigación penal, condiciones personales de una víctima o circunstancias de hecho.
Las sanciones aumentarían en una tercera parte en el caso de que la información que se difunda se refiera a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
“Ley Ingrid” al igual que la “Ley Olimpia” no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas que buscan evitar la exposición de las personas ante los medios para proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares, combatir la violencia mediática de género y su normalización; sancionando a las
personas y servidores públicos que realicen dichas conductas.
