Con 266 votos a favor, 205 en contra y cero abstenciones, los diputados aprobaron el proyecto que expide la Ley Federal de Juicio Político, Declaración de Procedencia y abrogó la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, el proyecto fue turnado al Senado de la República.
¿Qué es la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y Responsabilidades de los Servidores Públicos?
El objeto de esta ley, reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política, es regular los sujetos de responsabilidad política en el servicio público, las causas y sanciones en el juicio político, los órganos competentes y el procedimiento en el juicio político.
-Sobre el procedimiento de juicio político, el ordenamiento legal especifica que sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que la persona servidora pública desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.
Si la resolución dictada en el juicio político es condenatoria, se sancionará a la persona servidora pública con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público desde diez hasta treinta años.
Los sujetos que pueden ser objeto de juicio político son: Presidente de la República, gobernadores, diputados y senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros del Instituto Nacional Electoral, integrantes de organismos autónomos, entre otros cargos.
– Sobre la Declaración de Procedencia, el documento refiere que sólo podrá ser instaurado previa solicitud que presente el Ministerio Público ante la Cámara de Diputados cuando se encuentren debidamente cumplidos los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal en contra de alguna de las personas servidoras públicas mencionadas en el artículo 111 de la Constitución.
-La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos la cual establece que cualquier persona podrá presentar una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados “con pruebas documentales y elementos probatorios suficientes para sustentar la acusación”. En su lugar, el dictamen señala que “bastarán datos o indicios suficientes para sustentar la existencia de un posible delito”
