Ciudad de México, 24 de marzo de 2026 (Infórmate y +).- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el denominado “Plan B” de la Reforma Electoral, el cual plantea que la consulta de revocación de mandato no se realice el 6 de junio de 2027, coincidiendo con la jornada electoral intermedia.
Ese día, considerado uno de los procesos electorales más grandes del país, se renovarán 500 diputaciones federales, congresos estatales, la mayoría de las presidencias municipales y se elegirán 17 gubernaturas.
El dictamen fue avalado con mayoría de votos por legisladores de Morena y el Partido Verde, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. La ausencia de senadores del Partido del Trabajo marcó la sesión. El documento será discutido en el Pleno del Senado para su aprobación definitiva o eventual rechazo.
La reforma establece modificaciones al Artículo 35 constitucional para permitir que la revocación de mandato se lleve a cabo el primer domingo de junio del tercer o cuarto año del sexenio presidencial, lo que abre la posibilidad de que se realice de manera concurrente con las elecciones intermedias de 2027.
La medida busca disminuir los costos
De acuerdo con los legisladores que respaldan la iniciativa, esta medida busca disminuir los costos de organización electoral y evitar el desgaste ciudadano al reducir la cantidad de procesos separados.
El senador de Morena, Pável Jarero, defendió la propuesta al señalar que fortalece la democracia directa al permitir que la ciudadanía decida si un gobernante debe continuar en el cargo.
Sin embargo, la oposición criticó duramente el proyecto, al advertir que permite a la persona titular del Ejecutivo federal promover la consulta y hacer campaña a su favor durante el proceso, lo que consideran una ventaja indebida frente a otros actores políticos.
El senador del PAN, Marko Cortés, afirmó que su bancada votará en contra al considerar que la reforma no reduce costos y, por el contrario, otorga más privilegios al Ejecutivo, incluyendo el uso de recursos públicos para promover su permanencia en el cargo.
