En sesión de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Cuernavaca, fue presentado por parte de autoridades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), un informe de la supervisión de las condiciones que para el 2021 se encontraban las instalaciones de los Centros de Arresto y Retención a cargo de juzgados cívicos municipales para los infractores a disposiciones municipales.
En este reporte que integra la información recabada en los 36 municipios, la CDHEM califica las condiciones de estancia digna, medidas para salvaguardar la integridad física de las personas retenidas, cumplir con el debido proceso y medidas para atender los protocolos establecidos por la emergencia sanitaria por COVID-19 en los centros de arresto.
Autoridades de la Sindicatura Municipal, así como los regidores integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, expresaron la disposición de subsanar las observaciones hechas por el organismo en un reporte que considera entre otros puntos, capacitar al personal de los centros de arresto en materia de derechos humanos, a efecto de minimizar la cantidad de actos u omisiones.
Para atender las deficiencias en los Centros de Arresto y Retención, se acordó un seguimiento del Ayuntamiento de Cuernavaca a través de la Sindicatura Municipal en conjunto con la CDHEM y la invitación a la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano para atender en lo que le corresponde a protocolos de uso de la fuerza y de actuación.
Entre las recomendaciones emitidas por la CDHEM en este reporte del 2021 en los centros de Arresto de los 36 municipios, se hizo énfasis en mejorar las condiciones de higiene y saneamiento al interior de las celdas; garantizar la separación entre hombres, mujeres y personas de la comunidad LGBTTTIQA+; asegurar una adecuada ventilación, luz natural y artificial en las celdas; contar con inodoros funcionales y dignos en espacios que brinden privacidad; contar con colchonetas para la persona infractora; proporcionales durante su arresto alimentos y agua para consumo humano suficiente; además de garantizar condiciones para la atención a personas con discapacidad.
