+También otros municipios entran en el negocio
+Se presume que una sóla empresa es la beneficiada
El Ayuntamiento de Yecapixtla que encabeza, José Refugio Amaro Luna, y al menos cuatro alcaldías más violaron la Ley Orgánica Municipal al querer concesionar a particulares el servicio de alumbrado público municipal por un lapso de 20 años, sin someterlo a la aprobación del Congreso del Estado
Lo anterior a pesar de que la Ley Orgánica Municipal es muy clara y señala que ninguna administración municipal puede concesionar un servicio público por un periodo mayor al de su duración, de pretenderlo, se requiere de la autorización del Congreso local.
Al igual que los ayuntamientos de Ayala, Temixco, Yecapixtla, Puente de Ixtla, Miacatlán, Cuernavaca, Tetecala y Cuautla desde finales del 2014 y a principios del 2015 de forma casi simultánea publicaron la convocatoria de la licitación pública internacional abierta para que las empresas presentaran de forma presencial sus propuestas para participar en la elección, en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.
Las convocatorias fueron redactadas igual, sin embargo fue sólo el municipio de Puente de Ixtla quien publicó, en el órgano de difusión oficial, las bases completas, el resto sólo las entregaban a los interesados en los ayuntamientos previo pago de tres mil pesos.
Pero a pesar de ser una convocatoria internacional, la única promoción que tuvieron las licitaciones fue a través del periódico oficial y ninguna de ellas se subió a Compranet.
Todas las convocatorias “internacionales” de los municipios, están o estuvieron solamente a disposición en las oficinas de obras públicas de los ayuntamientos.
Existen evidencias en torno a que Yecapixtla y otros municipios buscan concesionar el alumbrado a una sola empresa (que ha logrado tener diferentes razones sociales) incluso con el aval del gobierno del Estado de Morelos que encabeza Graco Ramírez Garrido.
Las fuentes consultadas incluso señalan las facilidades otorgadas para la publicación de las convocatorias, sólo para cumplir el requisito, sin embargo la elección ya se encuentra hecha para favorecer a una empresa privada por una cantidad superior a los ocho millones de pesos anuales, que son los que aproximadamente eroga un municipio anualmente por concepto de operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público.
A tal grado es el negocio que el respaldo del ejecutivo se presume se extiende hasta el legislativo, donde los diputados afines a los ediles e incluso del Partido de la Revolución Democrática (PRD) podrían dejar pasar por alto la omisión de las alcaldías.
