Cuernavaca, 02 de junio de 2026 (Infórmate y +).- Diana Laura Corona, presidenta del Sistema DIF municipal de Cuautla e hija del alcalde Jesús Corona Damián, promovió un amparo y obtuvo una suspensión provisional por parte de un juez federal. Esta medida judicial la protege temporalmente contra cualquier orden de aprehensión, captura, detención, búsqueda, localización, presentación o comparecencia que haya sido librada en su contra por las autoridades judiciales.

La funcionaria municipal se encuentra fuera de la escena pública desde el pasado 20 de mayo. Dicha fecha coincide de forma directa con el despliegue del “Operativo Enjambre”, una movilización coordinada por fuerzas federales y castrenses en la que se ejecutaron seis de 10 órdenes de aprehensión vigentes.

Aunque el alcalde de Cuautla logró evadir inicialmente el cerco de seguridad en ese momento, las autoridades lo capturaron días después en el puerto de Acapulco, Guerrero, debido a sus presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

El dictamen emitido por el juez especializado de Control de la Unidad de Gestión Judicial 16, con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, detalla el alcance legal del recurso constitucional promovido por la defensa de la presidenta del DIF.

Esto dice el amparo

“Se concede la suspensión provisional a la parte quejosa, respecto de la orden de aprehensión, captura, detención, búsqueda, localización, presentación, comparecencia, dictada en su contra, para el efecto de que quede a disposición de este órgano jurisdiccional que conoce del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que ha de Juzgarlo para la continuación del procedimiento”.

Corona había sido designada formalmente por su padre para encabezar el organismo asistencial de Cuautla durante el periodo gubernamental de 2025 a 2027. Sin embargo, las investigaciones federales en la región oriente del estado fracturaron la estructura de la administración local, dejando al ayuntamiento en una crisis política e institucional tras la caída del mandatario municipal y la posterior huida y ocultamiento de su principal colaboradora familiar.

Hasta el momento, la fiscalía no ha detallado de manera pública si existen cargos específicos tipificados en contra de la presidenta del DIF o si la medida se solicitó de forma preventiva ante el avance de las indagatorias federales que desarticularon a los mandos principales de la demarcación. Los juzgados federales mantendrán el análisis del caso para determinar si conceden la suspensión definitiva en las próximas audiencias programadas.