Tlaquiltenango, Morelos; 17 de agosto del 2017.- Tras presentar una controversia Constitucional en la que apelan que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) destituya de su cargo al presidente municipal de Tlaquiltenango, Enrique Alonso aseguró que el Gobierno del Estado no podrá seguir presionando al municipio para que acceda a participar del llamado rescate financiero.
El alcalde tlahuica expresó que el gobierno encabezado por Graco Ramírez había utilizado el tema de laudos para presionar a los alcaldes a aceptar el rescate financiero, ya que de no cumplir con el pago de estos veredictos se exponían a ser destituidos de su cargo. En este sentido Alonso Plascencia presentó una Controversia Constitucional impugnando la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en particular del artículo 124 fracción II, que faculta al TECA para destituir a los ediles si no cubren con el pago requerido, no obstante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el fallo a su favor evitando así que el Tribunal Estatal pueda remover al munícipe de su cargo.
“Por medio de las destituciones nos intentaron presionar y bueno encontramos la ruta jurídica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hemos logrado que la SCJN haga valer los derechos de los ciudadanos de Tlaquiltenango y en esa ruta estamos y vamos a continuar”.
Alonso Plascencia detalló que seguirán llegando medidas de apremio por parte del TECA ya que aún cuenta con alrededor de 25 laudos sin liquidar, sin embargo aseveró que seguirán en la ruta jurídica para la defensa del erario Tlahuica ya que dijo, no permitirán que el municipio sufra de una desestabilidad en la administración.
“Nuestra obligación y nuestra ruta es continuar en la defensa en lo dispuesto en derecho ya que la misma constitución nos faculta a la defensa para poder mantener al municipio estable y no permitirnos esa desestabilidad gubernamental que pretende el gobierno del estado”.
Finalmente el munícipe reafirmó su postura de no participar del rescate financiero propuesto por las autoridades estatales asegurando más que un rescate es un fraude para la economía de los municipios ya que en los 20 años que se pagará este préstamo la cantidad se eleva a más del 300 por ciento.
“El tema es que el municipio al pagar esos 16 millones a 20 años se hace una suma de 46 millones de pesos, entonces no le vemos ningún rescate financiero le vemos un fraude financiero”.
-Denys Salgado-
