La mañana del jueves 14 de enero elementos de la Policía Federal realizaron un operativo en el municipio de Tlaquiltenango, en el que, presuntamente, se logró la detención de una banda de secuestradores quienes supuestamente habían participado en la privación de la libertad de Yamile Sinahí Silahua Sotelo, lo cual fue dado a conocer a través de un comunicado, sin embargo Felicitas García Martínez denunció que derivado de esas acciones detuvieron arbitrariamente a su hijo, Gustavo García Martínez.
Gustavo García Martínez, es un joven del municipio de Tlaquiltenango que se dedica a la venta de pollo, sin embargo, el 14 de enero fue detenido por elementos de la Policía Federal mientras se dirigía a entregar una camioneta, los elementos lo golpearon y obligaron a llevarlos ante el dueño de la camioneta a quien también detuvieron y golpearon, según los hechos narrados por la madre de Gustavo García los llevaron a un lugar denominado “campo libre”, donde los desnudaron y golpearon para obligarlos a declararse culpables sobre diversos hechos de violencia que se han suscitado en el sur de la entidad, el mayor de ellos: la privación ilegal de la libertad de Sinahi Silahua.
Al no confesar fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde su madre asegura, nuevamente fueron torturados para obligarles a declararse culpables, Felicitas García declaró: “mi hijo ya está muy mal, muy golpeado, le rompieron una costilla y le desgarraron un ojo para obligarlo a que se declare culpable de algo que no hizo, porque mi hijo no participó en eso”.
En este mismo operativo fueron detenidos cuatro hombres más y un menor que fue trasladado al Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes CEMPLA.
El temor de los seis detenidos son las amenazas que les han hecho, ya que les aseguran que de no confesarse culpables matarán a sus familias. Felicitas García Martínez aseguró que hasta el momento desconocen la situación legal de su hijo ya que no cuentan con los recursos económicos necesarios para poder pagar una asesoría legal, ya que el abogado de oficio “no hace nada” y al que buscaban contratar pedía como pago inicial 50 mil pesos “pido justicia por mi hijo, por qué a los verdaderos delincuentes no les hacen nada, y por qué a mi hijo ya le metieron muchas cosas, quieren que ellos se culpen”, expresó Felicitas García.
-Denys Salgado-
