“La opacidad y la discrecionalidad en el manejo de la deuda pública en México llegarán a su fin” afirmo el Diputado Federal Javier Bolaños Aguilar, luego de que esta tarde ocurrió la aprobación de la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
El endeudamiento de los Estados y Municipios –deuda subnacional- ha reportado un crecimiento real del 343% entre 1993 y 2015 con saldo de 510 mil 031 millones de pesos al primer trimestre de 2015, según reporte del Instituto Mexicano para la competitividad A.C[1].
Algunos aspectos relevantes –dijo Bolaños Aguilar- serán:
· Se establece como principio básico que la contratación de financiamientos y obligaciones debe estar destinada a inversiones públicas productivas o, en su caso, a su refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas Obligaciones y Financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con las mismas.
· Se incluye la obligación de los entes públicos locales de contratar financiamiento y obligaciones bajo las mejores condiciones de mercado.
· Se establece que para el caso de los empréstitos, la acreditación de su contratación bajo las mejores condiciones de mercado, será responsabilidad del Secretario de Finanzas, Tesorero Municipal o equivalente en el respectivo ente público.
· Se establece la facultad del Ejecutivo Federal de otorgar la garantía del gobierno federal a la deuda pública de los estados y municipios. Para ello, se determinan dos requisitos: que hayan celebrado un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y afecten sus participaciones federales a un vehículo específico de pago.
· Se establece la obligación a los entes públicos de registrar la totalidad de los financiamientos y obligaciones que contraten, dando origen al Registro Público Único. Actualmente, la SHCP registra los financiamientos y obligaciones que cuentan con fuente de pago o garantía de participaciones y aportaciones federales. Bajo este nuevo Registro Público Único se tendrá la información completa sobre los compromisos financieros que contraigan los entes públicos, incluyendo: cortos plazos, arrendamientos financieros, factorajes, garantías, créditos de largo plazo, entre otros.
· Se incluye un apartado específico sobre reglas de transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de establecer la responsabilidad de incluir en los informes periódicos la información financiera conducente y señalar el responsable de fiscalizar el cumplimiento de la Ley.
· Se establece que para presentar los informes periódicos reglamentados por este nuevo ordenamiento, los entes públicos deberán sujetarse a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin perjuicio de otras normas que así lo prevean.
· Las entidades superiores de fiscalización de las entidades federativas y la Auditoría Superior de la Federación serán los entes fiscalizadores competentes para dar cumplimiento a esta nueva ley. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación, en congruencia con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá fiscalizar las garantías que en su caso otorgue el gobierno federal, así como los recursos obtenidos de los empréstitos garantizados.
Estas normas sobre el manejo responsable de las finanzas públicas llegará en un buen momento en Morelos –dijo el Diputado Federal Panista- pues su promulgación podría ocurrir en el primer trimestre del ejercicio de los nuevos Ayuntamientos de Morelos que iniciaran sus mandatos el próximo 1 de enero de 2016.
-Redacción ADNMorelos-
