Cuernavaca, Morelos; 29 de agosto.- Al menos 15 de los 20 diputados y diputadas que integran la LV Legislatura de Morelos, celebraron la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de cancelar al Poder Ejecutivo Estatal, la facultad de realizar libres transferencias presupuestales a cualquier ente gubernamental, salvo que lo solicite y autorice el Poder Legislativo, conforme lo señalan los artículos 40 fracción V y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 13 y 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 12, 13 y 14 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.
Esta mañana, el Pleno de la SCJN resolvió la Controversia Constitucional 276/2022 promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en contra del Paquete Presupuestal 2023, aprobado por la mayoría calificada de las y los integrantes del Congreso del Estado, dejando en firme la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo realice movimientos discrecionales al presupuesto estatal por más de 17 mil millones de pesos al año.
Además, esta determinación tendrá como consecuencia que el Presupuesto 2023 se siga aplicando en los términos aprobados por el Poder Legislativo, a excepción del Fondo de Infraestructura Regional Municipal, en donde el Congreso de Morelos deberá realizar las adecuaciones presupuestales necesarias al paquete económico para definir el uso y destino de los recursos económicos pendientes de asignarse con motivo de la resolución emitida en esta fecha.
En respuesta a la decisión dictada por la mayoría de las y los integrantes del Pleno de la SCJN, 15 de los 20 legisladores que integran la LV legislatura señalaron que acatarán la resolución del máximo Tribunal de México, en congruencia con el respeto que han mostrado al Estado de Derecho y a las instituciones del país.
Finalmente, la mayoría de las y los legisladores se pronunciaron por esperar a ser notificados del contenido de la resolución dictada por la Suprema Corte para proceder a su cumplimiento conforme a las facultades legales que le confiere al Poder Legislativo la Constitución Política del Estado.
