La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad llevó a cabo el Foro y Mesa de Consulta en Materia de Derechos Humanos y Participación donde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hizo un llamado a que “juntos hagamos posibles los preceptos”.
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El legislador Alberto Sánchez Ortega recordó que el pasado 12 de diciembre presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos, “para establecer acciones afirmativas a favor de las personas con discapacidad que aseguren el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales bajo los principios de los derechos humanos de progresividad, de igualdad y de no discriminación.
Asimismo, dio a conocer que este mismo día se pondría en marcha “la Mesa de Consulta” para conocer opiniones y propuestas ciudadanas, previo al dictamen de la citada iniciativa, con el objetivo de revisar y perfeccionar el proyecto de decreto, “que deberá prevalecer en el proceso legislativo que sigue en Comisiones Unidas” y en su momento oportuno, para ser votado ante el Pleno de este Congreso y Legislatura.
Previo a la conferencia magistral “El Derecho Humano a la Representación Política de las Personas con Discapacidad” dictada por Elías Manuel Camargo Cárdenas, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Baja California Sur, el diputado Sánchez Ortega refirió que las primeras acciones afirmativas que se aplicaron en el pasado proceso electoral ordinario en Morelos, “no se generaron de un hecho solidario de parte del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, sino de juicios de protección de derechos político-electorales de ciudadanos presentados en 2021”.
Alberto Sánchez consideró que este foro “es una oportunidad inigualable”, para promover los derechos humanos en Morelos, “en particular el derecho humano a la representación política de las personas con discapacidad”, lo cual no ha sido fácil dado el nivel de discriminación y capacitismo estructural que está enquistado en las instituciones gubernamentales y sobre todo en los partidos políticos “que no quieren reconocer plenamente el derecho de participación en la vida pública y política tal como lo marca el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU”.
