Cuernavaca, 20 de mayo 2025 (Infórmate y +).- La diputada Jazmín Solano López, presentó una iniciativa de reformas al artículo 202 Bis del Código Penal para el Estado de Morelos en materia de violencia familiar, para proteger grupos vulnerables y que los agresores no alcancen los beneficios derivados de criterios de oportunidad o acuerdos preparatorios.
La presidenta de la Mesa Directiva expuso que el delito de violencia familiar fue introducido por primera vez en el Código Penal local.
“Hasta el año 2004; es decir, que desde 1869 en que se creó la primera Legislatura, tuvieron que pasar 135 años para que la Ley se reconociera lo que como sociedad hemos callado: La violencia que vivimos las mujeres al interior de los hogares de Morelos y de México”, expresó.
Asimismo, indicó que, en los últimos 20 años hemos avanzado como sociedad para que el delito de violencia familiar se sancione de manera más ejemplar y que es un fenómeno que afecta gravemente la integridad física, psíquica y emocional de miles de personas, principalmente de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables en México.
“Esta violencia se materializa cuando algún miembro de la familia realiza un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica, a cualquier otro integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, con quien tenga parentesco consanguíneo, por afinidad, por vínculo de matrimonio o concubinato, cohabitación o relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar y que tiene por efecto causar daño o sufrimiento”, agregó
“Se requiere que hombres y mujeres hagamos un frente común, pues la violencia contra las mujeres no es un problema privado o familiar, es una crisis social que exige acción clara, contundente y sin concesiones”, dijo la diputada Jazmín Solano.
Por un lado, se pretende proteger a grupos vulnerables de los agresores familiares, de manera que quien atente contra una mujer embarazada, una persona adulta mayor, una persona menor de edad, una persona indígena o una persona con discapacidad, o cometa el delito ante sus menores hijos, la pena por violencia familiar, que consiste de dos a seis años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo.
Adicionalmente, plantea prohibir que los agresores por violencia familiar puedan acceder a los beneficios derivados de las figuras jurídicas denominadas “acuerdos preparatorios” y “criterios de oportunidad”.
