El diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero presentó ante el pleno del Congreso del Estado la iniciativa de nueva Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por la que se regulan las facultades otorgadas por la Constitución Local al Tribunal de Justicia Administrativa, para dar cavidad al Sistema Estatal Anticorrupción, misma que abroga la publicada el 14 de febrero de 1990 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3470.
Durante la sesión ordinaria del pleno de la LIII Legislatura, el diputado dijo que la legislación actual, aunque innovadora en su tiempo, ha quedado rebasada por la realidad social en la que vivimos. Por ello, su iniciativa incluye figuras novedosas que la modernizan y la hacen acorde con los nuevos paradigmas de tutela judicial efectiva y de transparencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
“Resulta justificada la iniciativa que se propone, porque con ella se pretende dotar al Tribunal de una legislación acorde con los nuevos tiempos y la nueva realidad social. Se requiere no solo de la modificación de ciertos artículos de la ley actual, sino de una nueva, más avanzada que incorpore figuras jurídicas novedosas y trascendentes como son, entre otras, la tutela de los derechos humanos a la luz de las reformas constitucionales de junio de 2011, como el hecho de que el juicio de nulidad se instituya como un remedio procesal sencillo y eficaz para la defensa de los derechos de los particulares frente a los actos arbitrarios de las autoridades estatales o municipales o de sus organismos descentralizados”.
Al reiterar que su propuesta supera por mucho los 20 años de atraso legislativo en la materia, el diputado Carlos Alaniz expuso que la nueva Ley de Justicia Administrativa, que consta de 182 artículos agrupados en 11 títulos, regula la parte orgánica del Tribunal aumentando de tres a cinco el número de Magistrados de acuerdo a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, a los cuales se asignan a igual número de Salas unitarias concentradas en la ciudad capital como sede; sus sentencias son facultad del Pleno, el cual realiza actividades jurisdiccionales y administrativas bien definidas en la ley.
Entre otras cosas, la Ley contempla sanciones a los servidores públicos y reparación por daños ocasionados por el manejo irregular de recursos públicos, clarifica la competencia para impugnar resoluciones de los organismos públicos descentralizados estatales o municipales y para conocer sobre resoluciones recaídas a reclamaciones de carácter patrimonial o contratos administrativos de obra pública.
“También establece competencia para conocer del juicio de lesividad, con lo cual se da oportunidad a las autoridades administrativas de impugnar actos o resoluciones favorables a los particulares pero expedidos sin cumplir las exigencias del orden público, en clara contravención a la ley”, precisó.
Otra innovación está ligada a las tecnologías de la informática, pues comprende la creación del boletín electrónico como medio de comunicación oficial y el aviso de notificación mediante simple correo electrónico.
La iniciativa del diputado Carlos Alaniz fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen.
-Redacción ADNMorelos-
