La diputada Paola Cruz, presentó una iniciativa para reformar el artículo 10 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para establecer que es también causa de juicio político “la desatención e incumplimiento en el ámbito de su competencia de las medidas de atención para la Alerta de Violencia de Género”.
El planteamiento agrega que también lo es el hecho de “Incurrir en cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres previstas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” y “La desatención u omisión de contar, en el ámbito de su competencia, con medidas necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres”.
La legisladora señaló que el hecho de que las autoridades de un territorio declarado con AVG incumplan con las medidas mínimas que la Ley les establece en ese supuesto, “representa una doble omisión y una desatención grave a un problema de Estado, en donde peligra la vida de todo un sector poblacional y en muchos casos mayoritario”.
