Cuernavaca, Morelos; 03 de Mayo de 2017.- La nueva ley de desaparición forzada, que durante estos últimos días aprobó el Senado de la República y que regresó al Congreso de la Unión para su análisis y discusión, no cubre las necesidades de las familias que atraviesan por una situación así.
Esto lo consideró Susana Díaz Pineda, integrante del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, quien señaló que unas de las demandas que no atiende esta ley es castigo a funcionarios en caso de verse involucrados así como búsqueda inmediata.
Consideró que se trata de una ley que pretende incidir en las elecciones del Estado de México más que una norma que prevenga y castigue la desaparición de personas o que beneficie a los hasta hoy no localizados.
“Esa ley que se aprueba es una ley que no tiene nada que ver con las demandas de la sociedad, con las demandas de las organizaciones que se han dedicado a buscar a las y los desaparecidos; las familias se han acercado a los diputados y senadores, solicitando que la voz de ellos sea tomada en cuenta, sin embargo no les hicieron caso y muchas de las expresiones de las familias que pedían que se pusieran en esa ley no fueron escuchadas, especialmente la petición de castigo a la impunidad”.
Destacó que en Morelos existe una ley de desaparición pero que tampoco ha servido hasta el momento, pues existen en la entidad un registro de 364 casos en los últimos cuatro años, pero que podría ser mayor a los mil, debido a que existen desaparecidos que no son reconocidos como tal por la autoridad estatal.
-Xavier Omaña-
