La actual legislatura ha caracterizado su labor por su gran contenido social, que se ha dado mediante el trabajo responsable, justo consensado y plural, afirmó la diputada Lucía Meza Guzmán, presidenta de la Mesa Directiva, al hablar sobre el desempeño de la Junta Política y de Gobierno durante el Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
En ese espacio donde convergen todos los coordinadores parlamentarios, y que es presidido por el diputado Javier Bolaños Aguilar, se han dialogado y consensado todos y cada uno de los temas que se han tocado en las sesiones, con el fin de lograr acuerdos y beneficios para los morelenses, buscando congruencia y sobre todo responsabilidad con las acciones, aseveró.
Ratificó el compromiso de continuar en actividad hasta el último minuto de la LII legislatura, por el compromiso que adquirió como representante ciudadana de trabajar por un Morelos con crecimiento y desarrollo económico y sustentable.
Ponderó el desempeño del diputado Javier Bolaños Aguilar al frente de la Presidencia de la Junta Política y de Gobierno y el apoyo que le brindaron el resto de los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias.
Reconoció el trabajo desarrollado en el tercer y último año legislativo, resaltando que la labor parlamentaria que se ha llevado a cabo en esta legislatura se ha caracterizado por su gran contenido social.
Expuso que el Congreso de Morelos participó de manera activa en la aprobación de leyes y reformas, como la Ley de la Administración de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la Ley de Sujetos Protegidos para el Estado de Morelos, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Morelos, la Ley para la Prevención y Control del Dengue para el Estado de Morelos y la Ley de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos.
Destacó particularmente la reciente aprobación del Sistema Estatal Anticorrupción en el que participarán los distintos órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, para mejorar de manera continua el desempeño de la administración gubernamental y con ello alcanzar mejores estándares de buen gobierno.
-De la Redacción-
