Morelos, 09 de mayo 2023 (Infórmate y más).- Luego de casi cinco años que Graco Ramírez dejó el cargo como gobernador de Morelos, la Fiscalía Anticorrupción imputó al exsecretario de Hacienda de su gobierno, al exsubsecretario de Programación y Presupuesto, al extesorero y a tres exdirectores generales, por presuntamente pagar más de 30 millones de pesos a una empresa por servicios de capacitación de los que no existe evidencia que se hayan realizado.
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Jorge “N” exsecretario de Hacienda fue imputado por el delito de Peculado Grave, en tanto, Jorge “N” exsubsecretario, Armando “N” extesorero, así como los ex directores generales Carlos “N”, Gerardo “N” y Salvador “N”, por Ejercicio Ilícito del Servicio Público, ya que presumiblemente, entre el primero de enero de 2018 al 31 de diciembre del mismo año, encontrándose en funciones, los exservidores públicos gestionaron, tramitaron y autorizaron 86 pagos por diversas cantidades en beneficio de la empresa Servicios en el Desarrollo Trimex S.C., los cuales suman 30 millones 801 mil pesos.
La investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción arrojó que, los diversos pagos cubrieron servicios por capacitación, de los cuales no existe evidencia que se hayan realizado en alguna dependencia del Gobierno del estado.
Además, con base a documentales y testimonios recabados durante la investigación por la Fiscalía Anticorrupción, se evidenció que los pagos fueron por montos superiores a los legalmente permitidos por la Ley de Adquisiciones y del Presupuesto de Egresos de ese año.
Asimismo, la investigación de la Fiscalía demuestra que para llevar a cabo los pagos a la empresa, se distrajeron recursos públicos de una partida que no estaban destinados para gastos de ese tipo, aun cuando no se habían contemplado en el presupuesto y en todo caso por los altos montos debieron licitarse y establecer un contrato.
La audiencia de formulación de imputación relacionada con la causa penal JC/332/2020 se realizó este lunes 8 de abril de 2023, en la sala 4 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya y el juez concedió 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso.
De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho “A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.
