Existen más de 100 denuncias e irregularidades en el programa de jóvenes construyendo el futuro, creado por el gobierno de la 4T toda una red de corrupción encargada de desviar recursos y violentar las reglas de operación sin ser detectados.
Entre 2019 y 2020, 159 quejas ciudadanas fueron presentadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP), y otras tantas cartas con testimonios de víctimas fueron dirigidas al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de investigar, sancionar y frenar la red de corrupción que está beneficiando a personas externas al programa.
Un análisis de las quejas ciudadanas turnadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) permitió identificar por lo menos cinco irregularidades para violar las reglas de operación y obtener beneficios sin cumplir con los requisitos.
En los documentos se repiten irregularidades como:
- Usurpación de identidad y robo de datos personales a empresas y becarios.
- Retención de las tarjetas bancarias y de un porcentaje del dinero.
- Registro de amigos y familiares de servidores públicos y de tutores.
- Uso del programa con fines proselitistas.
- Ausencia de capacitaciones.
Método de usurpación de identidad.
Presuntos “servidores públicos se presentan las instalaciones de las empresas afiliadas o envían mensajes a través de WhatsApp, pidiendo datos confidenciales como RFC y clave de acceso a la plataforma para resolver problemas y no dar de baja a los propietarios.
Una empresa de estética canina fue víctima de extorción, luego de dar sus datos para no ser dada de baja, descubrió que paso de tener 5 becarios a convertirse en una agencia de diseño gráfico con cabida para 75 jóvenes.
“Robaron mis datos personales, eso es un acto de corrupción y uso indebido de recursos públicos”, denunció la afectada.
Casos similares, acusan usurpación de identidad, amenazas y hostigamiento presuntamente cometidos por “servidores de la nación” y funcionarios de la Secretaría del Trabajo.
Condicionamiento de beca a cambio de dinero
Algunas personas denunciaron que “presuntos gestores” del programa les habrían retenido entre 35 y 70 por ciento del apoyo a los jóvenes beneficiarios en comunidades rurales.
En un expediente fechado al 5 de junio de 2020 se describe la operación de una supuesta red de corrupción que es coincidente con lo narrado en la mayoría de las quejas.
Fue descubierta una red de operación que involucra empresas, jóvenes y funcionarios, hay un cabecilla que organiza a las personas, contactan pequeños propietarios de negocios para que se den de alta en el programa, así como a jóvenes que presten su nombre, el líder se queda con las tarjetas y cada que cae el depósito de la beca reparte el dinero entre los involucrados de acuerdo a un esquema.
