El Congreso aprobó por unanimidad crear la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, propuesta por el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, con lo que Morelos se convirtió en el séptimo estado del país en cumplir con la armonización legislativa en este rubro y que obligará a transparentar su labor y manejo de los recursos públicos a los tres poderes del Estado, partidos políticos, órganos autónomos, ayuntamientos, fideicomisos, sindicatos y todos aquellos que reciban y ejerzan recursos públicos.
Asimismo la nueva ley impedirá a los funcionarios públicos ampararse ante la solicitud de información por parte de los ciudadanos, aglutina las reformas que se dieron en materia de transparencia y acceso a la información a nivel federal y las que se refieren al Sistema Estatal Anticorrupción.
Amismismo obliga al Intituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) a verificar con la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), que los datos publicados por los sujetos obligados, referentes a sueldos, prestaciones, viáticos y en general gastos del erario público, sean usados de la forma correcta.
Al destacar los aspectos positivos de esta nueva ley el diputado Enrique Laffitte recordó que el pasado mes de octubre presentó un punto de acuerdo para exhortar al IMIPE a que fueran publicadas las nóminas de los sujetos obligados, especificando el nombre del funcionario y el salario y prestaciones que reciben; sin embargo, por la forma en la que se encontraba redactada la anterior Ley estatal de la materia, este organismo se vio imposibilitado jurídicamente para exigir dicha obligación, situación actualmente está corregida.
Laffitte Bretón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, órgano legislativo que estuvo encargado de elaborar el dictamen, aseguró que “la mejor arma contra la corrupción es la trasparencia, el conocimiento del destino de los recursos públicos es uno de los pilares fundamentales de la democracia moderna, para de esta manera conocer la utilización de cada centavo que se ejerza y señalar a quienes no cumplan con lo establecido en sus funciones”.
Dentro de estas reformas se define a las entidades que son sujetos obligados, las cuales serán los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.
-Aurelia Torres-
