Cuernavaca, Morelos; 14 de julio de 2017.- Los familiares de las dos víctimas mortales que cayeron en su auto en el socavón que se abrió en el Paso Exprés, pueden recurrir a por lo menos tres recursos jurídicos, para que se castigue desde los ingenieros que planearon la obra hasta los socorristas que tardaron más de nueve horas en sacarlos.
Los deudos pueden iniciar un proceso administrativo ante la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que después tendría que llegar hasta los tribunales fiscales de justicia administrativa, por el hecho de que el Estado es el responsable de brindar los servicios públicos y debe resarcir el daño.
El segundo recurso legal también debe ser de carácter administrativo por el que se inicie una investigación al interior de la SCT, para que se conozca bajo qué condiciones se contrató a la empresa, en este caso Aldesa y después si existía la capacidad técnica para desarrollar el proyecto.
Las consecuencias de una mala planeación, tendrían que ver con sanciones administrativas solamente que van desde una llamada de atención, una multa o hasta una destitución.
Y un tercer procedimiento legal alcanzaría, en este caso, a los socorristas que atendieron el caso; las investigaciones tendrían que esclarecer si las corporaciones están bien capacitadas y si contaban con las herramientas necesarias.
“Habrá que ser muy puntuales para saber si tenían la capacidad técnica o no para poder intervenir en este suceso, porque lo que menos espera la ciudadanía es que con el pago de sus impuestos, esté debidamente capacitado el personal”, dijo el abogado penalista, Cristian Fragoso, quien destacó que también podría haber una remediación patrimonial del Estado.
Hasta la tarde de este viernes los familiares no habían iniciado alguna acción legal, aunque advirtieron que podrían demandar por negligencia.
-Xavier Omaña-
