El Congreso aprobó el decreto por el cual se autoriza a los 33 municipios del estado de Morelos a que gestionen y contraten créditos para financiar obras y acciones exclusivamente en beneficio de población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, de los cuales destacan límites de hasta 34 millones para Puente de Ixtla, 24 millones para Cuernavaca, 21 millones para Tetela del Volcán y 24 para Cuautla.
Los diputados dieron su voto a favor del dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, mediante el que se autoriza a cada uno de los municipios de Morelos a contratar uno o varios créditos o empréstitos, hasta por el monto que en cada caso se determina, para que afecten como fuente de pago un porcentaje de los ingresos que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
La iniciativa fue enviada al Congreso del estado de Morelos por el gobernador, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y los diputados consideraron oportuno aprobar el decreto de autorización global a efecto de facultar a todos los municipios a adherirse al mecanismo de administración y fuente de pago que consiste en un fideicomiso.
El dictamen aprobado coincide con el Ejecutivo estatal en el sentido de que a través de ese instrumento jurídico se promueva en los municipios del estado finanzas públicas sanas y acordes con su capacidad de endeudamiento, en línea con lo establecido en la reciente reforma constitucional en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipio.
Destaca que con estos recursos los municipios podrán planear y ejecutar obras de mayor envergadura durante el plazo de su administración que apenas comienza, beneficiando directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, infraestructura productiva rural.
Los municipios deberán destinar los recursos con base en este decreto, exclusivamente para financiar obras, acciones sociales básicas o inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la ley general de desarrollo social, así como en las zonas de atención prioritaria.
-Aurelia Torres-
