Los habitantes del municipio indígena de Hueyapan y de las comunidades originarias de los límites entre Morelos y Puebla ya cuentan con un espacio especializado para recibir orientación legal gratuita. La apertura de la Casa de Asesoría Jurídica Intercultural busca eliminar las barreras del idioma y la discriminación que históricamente han sufrido estas poblaciones al intentar acceder a los tribunales del país.
Este proyecto impacta de forma directa a la región de Los Altos de Morelos, donde la población indígena ha denunciado por años la falta de defensores públicos que entiendan el náhuatl o que conozcan los sistemas de organización comunitaria. De acuerdo con las autoridades locales, la oficina no solo atenderá asuntos relacionados con delitos federales, sino que también dará acompañamiento en problemas del fuero común, civil y de tierras.
Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, señaló durante la inauguración que el espacio representa un avance para garantizar el acceso a la justicia desde una perspectiva de respeto a la identidad de los pueblos originarios.
“Para nosotros es muy importante la instalación de esta Casa de Asesoría Jurídica Intercultural para acercar la justicia a las comunidades; reconocemos este trabajo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia en esta bendita tierra de Hueyapan, en esta bendita tierra de nuestros pueblos originarios”, expresó González Saravia.
Por su parte, Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció que el Estado mexicano todavía enfrenta el reto de validar las normas internas de los pueblos indígenas dentro del sistema legal institucional.
Aguilar Ortiz explicó que la Defensoría Púlica funcionará como un enlace para documentar y difundir las normas de las comunidades, permitiendo que jueces y magistrados entiendan sus formas de gobierno y autonomía.
El representante del Instituto Federal de Defensoría Pública, Benjamín Rubio Chávez, detalló que la sede ofrecerá servicios que respetan la cosmovisión y la lengua de los usuarios. En este mismo sentido, José Alberto Gallego Ramírez, integrante del Órgano de Administración Judicial, añadió que la intención es llevar la defensa legal al territorio real, uniendo esfuerzos estatales y federales.
Al evento también asistieron Araceli Tapia Hernández, concejal vocera de Hueyapan; la diputada Guillermina Maya Rendón; el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado; e Isaac Pimentel Mejía, presidente del Congreso local, junto con habitantes de la zona que buscan agilizar sus trámites legales pendientes.
