Estados Unidos, 08 de junio de 2026 (Infórmate y +).- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició una serie de demandas civiles para revocar la ciudadanía a 17 personas naturalizadas, una medida que impacta de manera directa a la comunidad migrante internacional. Entre los señalados por las autoridades estadounidenses destacan dos personas de origen mexicano, quienes enfrentan procesos judiciales que podrían concluir con la pérdida de sus derechos civiles y su posterior expulsión del territorio norteamericano.
Los implicados de origen mexicano son María Lourdes Montoya, de 63 años, y Armando Mendoza, de 39 años. La investigación formal de las autoridades federales determinó que ambos, junto a ciudadanos procedentes de Cuba, Jamaica, Haití, Colombia y la ex Yugoslavia, presuntamente construyeron sus respectivos procesos de naturalización mediante declaraciones falsas, omisiones deliberadas o la ocultación intencional de antecedentes penales graves.
La ofensiva judicial se sustenta de forma estricta en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos. Este marco jurídico faculta al gobierno federal para cancelar las cartas de naturalización si se demuestra que el beneficio se obtuvo de forma ilegal; el proceso civil no busca imponer una nueva sanción penal, sino revertir un estatus que legalmente se considera inválido debido al fraude en las declaraciones oficiales.
El fiscal general interino, Todd Blanche, defendió la estrategia al señalar que obtener la ciudadanía estadounidense es un privilegio supremo que exige una política de tolerancia cero frente al abuso. En el mismo sentido, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, advirtió que si una persona infringe las leyes y miente en sus procesos migratorios, pierde de inmediato ese derecho.
El grupo de los 17 señalados incluye perfiles bajo investigación o con condenas previas por delitos de extrema gravedad, tales como abuso sexual infantil, lavado de dinero, fraude electrónico, bancario y migratorio. Entre los expedientes que ventiló el gobierno estadounidense figuran un inmigrante haitiano acusado de abuso, un hombre originario de la ex Yugoslavia con antecedentes de pederastia, y la hija de un operador del narcotráfico colombiano bajo cargos de lavado de activos.
Si los jueces de los tribunales federales validan las pruebas del Departamento de Justicia, el impacto legal para Montoya y Mendoza será inmediato, ya que perderán la protección constitucional contra la expulsión del país. Los afectados retrocederán a su estatus migratorio previo, lo que dejará la vía libre para que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas inicie los trámites formales de deportación hacia México.
