Estados Unidos, 28 de mayo de 2026 (Infórmate y +).- Cientos de ciudadanos cubanos, muchos de ellos adultos mayores que pasaron la mayor parte de su vida trabajando y formando familias en Estados Unidos, están siendo deportados masivamente hacia territorio mexicano bajo la administración de Donald Trump.
Completamente desamparados, sin dinero, sin documentos y durmiendo en las calles de Tabasco y Chiapas, estas personas denuncian que los convenios secretos entre ambos gobiernos los están condenando a un limbo legal y de subsistencia insostenible.
La magnitud del operativo es histórica. Entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, el gobierno de Estados Unidos expulsó a México a casi 13,000 ciudadanos de terceros países, siendo los originarios de Cuba el grupo más numeroso con 4,353 casos registrados.
Durante décadas, la isla caribeña se negó a recibir a sus connacionales deportados, por lo que miles de ellos continuaron sus vidas en territorio estadounidense bajo órdenes de supervisión, con permisos de trabajo legítimos y presentándose periódicamente ante las autoridades.
Sin embargo, la promesa de campaña de Trump de ejecutar “el mayor operativo de deportación en la historia” se ensañó con esta comunidad, atrapando a muchos de ellos durante sus citas de rutina o sacándolos directamente de sus hogares.
“Nos están abandonando aquí a morir. No hay ayuda; no podemos trabajar porque no tenemos papeles. No nos dan nada, nada… ¿Cómo se supone que vamos a comer, a pagar la renta?”, exclamó Harold A., un cubano de 58 años que fue expulsado en febrero de 2026 tras ser desarraigado por completo de la vida que construyó en el norte.
El drama médico agrava la crisis humanitaria en las calles mexicanas. Según un informe de la organización Human Rights Watch, que entrevistó a decenas de afectados en localidades como Tapachula y Villahermosa, más de la mitad de los cubanos deportados padecen enfermedades crónicas severas y fueron abandonados a mitad de la madrugada sin sus medicamentos esenciales.
ABUELO DA SU TESTIMONIO
Mario, un abuelo de 60 años, rompió en llanto al relatar las deplorables condiciones del proceso, cuestionando los motivos de las autoridades para arrojar a personas de la tercera edad a ciudades desconocidas y peligrosas controladas por el crimen organizado. “Nos están enviando aquí a morir”, sentenció entre lágrimas.
Al llegar a México, el Instituto Nacional de Migración les otorga un salvoconducto de apenas 10 días, obligándolos a iniciar un trámite burocrático ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Para colmo del chisme político, la COMAR se encuentra colapsada y operando con un recorte del 20% en su presupuesto, una consecuencia directa de que la administración de Trump redujera drásticamente los fondos destinados al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, pasando de 50 millones de dólares en 2024 a solo ocho millones en 2025.
Atrapados en una red de impunidad y burocracia, los migrantes exigen que el gobierno mexicano formalice una vía de residencia permanente en lugar de mantenerlos en la clandestinidad y el abandono absoluto.
