El Ejecutivo federal no contempló en su proyecto de Presupuesto de Egresos ningún monto específico para la operación del SNA, afirma
Luego de que el Ejecutivo federal no contemplara en su proyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente año ningún monto específico para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, anunció que este órgano legislativo revisará con todo detenimiento el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para determinar de qué partida se pueden tomar recursos suficientes para su operación.
“Sin presupuesto, este mecanismo no podrá operar ni tendrá los resultados previstos por las distintas fuerzas políticas, mediante los acuerdos alcanzados en su momento, para combatir a fondo la corrupción en la sociedad mexicana”, advirtió el representante de los morelenses en el Congreso de la Unión.
Por lo anterior, anunció que en la sesión de este martes emitirá un exhorto a gobernadores y diputados locales, para que no ocurra lo mismo en las entidades federativas y los mandatarios asignen recursos en la propuesta de egresos que presenten y, en su caso, aprueben los legisladores en los congresos estatales, que garanticen el combate a la corrupción con la operación del SNA.
Mencionó que en el ámbito federal, de acuerdo con una valoración realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), –a petición de la propia Mesa Directiva de la Cámara de Diputados-, la implementación del SNA tendría un impacto presupuestario estimado en mil 506.2 millones de pesos (mdp) en 2017.
Puntualizó que este sistema, derivado de la reforma constitucional de 2015, requeriría 15.2 mdp para el Comité de Participación Ciudadana; 22.8 mdp, a la Secretaría Ejecutiva; 22.0 mdp, a la Plataforma Digital Nacional; 155.9 mdp, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; mil 152.4 mdp, a la Auditoría Superior de la Federación, y 137.9 mdp para la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
Cifras equivalentes a la realidad de cada entidad federativa son las que deberán presupuestar los Ejecutivos estatales y aprobar los diputados locales.
Aclaró que conforme a la misma investigación del CEFP, las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública no tendrían impacto presupuestario dado que se transferirían diversos órganos desconcentrados a esa dependencia federal.
Dijo que, al mismo tiempo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las modificaciones al Código Penal no establecen nuevas atribuciones, programas presupuestarios o modificación de estructuras administrativas.
Recordó que el SNA es resultado de diversas normas y puntualizó que una de ellas es la Ley General del Sistema Anticorrupción, la cual establece la creación de un Comité de Participación Ciudadana (CPC), una Secretaría Ejecutiva y una Plataforma Digital Nacional, entre otros aspectos.
Además, se aprobó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la que se establece la obligación de los servidores públicos de realizar su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses y se creó la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
