La Fiscalía General del Estado (FGE) puso en marcha su hoja de ruta para los próximos cuatro años con el objetivo de transformar la procuración de justicia en la entidad. El plan estratégico busca atacar directamente el rezago en las investigaciones y mejorar la efectividad judicial, un tema que se ha mantenido como una de las principales demandas sociales en los municipios morelenses debido a los altos índices de delitos sin resolver.
Este nuevo esquema de trabajo cobra relevancia en un contexto donde la percepción de inseguridad y la falta de resultados en las carpetas de investigación han mermado la relación entre las instituciones y la población. Con la implementación de este programa, se pretende que la coordinación entre las fuerzas policiales y el ministerio público deje de ser un trámite administrativo y se convierta en una herramienta operativa que agilice la captura y vinculación de presuntos delincuentes.
Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, señaló que este instrumento representa una ruta de fortalecimiento institucional orientada a mejorar la atención a las víctimas mediante la transparencia. “Estoy convencida de que estos cambios se van a traducir en resultados tangibles: menos tiempos de investigación, un incremento sustancial en la efectividad judicial y, sobre todo, la recuperación de la confianza ciudadana en esta institución”, explicó la funcionaria durante el evento.
Por su parte, Fernando Blumenkron Escobar, titular de la Fiscalía General del Estado, afirmó que la suma de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno es la única vía real para lograr una reducción sostenida en la incidencia delictiva. El fiscal destacó que el presupuesto y las capacidades técnicas del personal ministerial serán optimizados para que la persecución del delito sea estratégica y no solo reactiva, priorizando los casos de alto impacto que afectan la paz en la región.
El Programa Institucional 2026-2030 contempla la profesionalización del personal sustantivo y la modernización de los procesos de judicialización. Entre los puntos clave destaca el uso eficiente de los recursos financieros para dotar de mejores herramientas tecnológicas a los peritos y agentes investigadores, lo que permitiría reducir el margen de error en las pruebas presentadas ante los jueces.
Finalmente, el proyecto establece mecanismos de rendición de cuentas para que la sociedad civil pueda vigilar el avance de las metas planteadas. Los próximos pasos incluyen la integración de estas políticas de manera transversal en todas las fiscalías regionales del estado, buscando que el acceso a la justicia no dependa de la ubicación geográfica de las víctimas, sino de un sistema estandarizado y eficiente que opere con la misma fuerza en Cuernavaca que en las zonas rurales del estado.
