La noticia de que a los Policías del Municipio de Jojutla, Morelos, se les condiciona el pago de sus salarios[1], causo reacción inmediata en el Poder Legislativo Federal, al considerar como medida contraria a nuestra legislación, entregar el 37 % del salario en una tarjeta destinada únicamente a la compra de bienes y servicios.
Así lo considero el Diputado Federal Javier Bolaños Aguilar, quien reprobó esta medida por estimarla violatoria de los derechos humanos de los Policías de Jojutla, consagrados en la Constitución Federal y Local.
Particularmente la fracción decima del artículo 123 que a la letra dice:
“X. EL SALARIO DEBERA PAGARSE PRECISAMENTE EN MONEDA DE CURSO LEGAL, NO SIENDO PERMITIDO HACERLO EFECTIVO CON MERCANCIAS, NI CON VALES, FICHAS O CUALQUIER OTRO SIGNO REPRESENTATIVO CON QUE SE PRETENDA SUBSTITUIR LA MONEDA;
Este día en un medio local se dieron a conocer las protestas de los Policías de Jojutla, quienes no están de acuerdo con que les hayan entregado solo el 63% de los salarios para cobrar en efectivo mediante una tarjeta; y el resto, es decir el 37% no lo puedan disponer más que en ciertas tiendas o supermercados, sin permitirles decidir dentro de la oferta existente, la que más les convenga.
Esto además lesiona la economía de la región –dijo Bolaños Aguilar- pues los pequeños y medianos comerciantes perderán una parte importante del mercado, ya que el 37% de los recursos públicos derivados de sueldos, quedan condicionados o direccionados en favor de solo unos cuantos.
Y agregó “el salario de los trabajadores debe entregarse completo y en efectivo, sin más retención que las derivadas de cuotas de seguridad social o de obligaciones fiscales”.
Al ser cuestionado sobre las acciones que los Policías podrían adoptar, señalo que es más que justificada su protesta y ofreció su mediación a fin de que el servicio que prestan no se demerite; sin perjuicio de que a la brevedad acudan a los tribunales laborales.
El Vicepresidente de la Cámara de Diputados fue cuestionado sobre la transparencia de la medida adoptada por el Municipio, y considero que la autoridad está obligada a poner a la vista de los ciudadanos el contrato de prestación de servicios financieros y nombre de la empresa que otorgo las dos tarjetas de débito, el costo que representará para el municipio, y la forma en que lo licito.
En particular ofreció solicitar la intervención de la Auditoria Superior de Fiscalización en caso de que en el pago se los salarios de los Policías se haga con recursos federales, o bien, si se mantiene esta determinación en perjuicio de los asalariados, y de la economía de los comerciantes y prestadores servicios de la región, que además son los que sostienen la estructura de gobierno.
Finalmente se comprometió a investigar si esta medida se está aplicando en otros municipios.
-Redacción-
