Cuernavaca, 04 de junio de 2026 (Infórmate y +).- El programa de apoyo social Corazón de Mujer podría convertirse en un derecho permanente en el estado de Morelos. La gobernadora Margarita González Saravia anunció que impulsará una reforma ante el Congreso local con el objetivo de elevar esta estrategia a rango constitucional, impidiendo así que el beneficio desaparezca al concluir su periodo de administración en el año 2030.
La propuesta legislativa busca garantizar la continuidad del padrón económico dirigido a las ciudadanas en situación de vulnerabilidad. El anuncio formal se realizó durante un acto público masivo en la Unidad del Maestro del municipio de Puente de Ixtla, lugar donde se congregaron cientos de mujeres de la región sur de la entidad para incorporarse oficialmente a este esquema de asistencia pública.
El programa estatal distribuye un monto de 600 pesos bimestrales a cada una de sus integrantes. De acuerdo con los datos presentados por la titular de la Secretaría de las Mujeres, Clarisa Gómez Manrique, el padrón activo en toda la entidad alcanza actualmente los 33 mil registros vigentes, con una proyección financiera institucional estimada para cerrar el año 2026 con una cifra cercana a las 34 mil 500 mujeres atendidas.
Durante la jornada de incorporación en la zona sur de Morelos, las autoridades estatales realizaron la entrega directa de mil 809 tarjetas bancarias de cobro. El evento central convocó a habitantes originarias de un total de 12 municipios de la región, entre ellos Amacuzac, Coatetelco, Coatlán del Río, Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Xoxocotla, Zacatepec y la localidad sede de Puente de Ixtla.
La titular del Poder Ejecutivo estatal enfatizó la urgencia de que el Poder Legislativo local apruebe la modificación constitucional, argumentando que este tipo de transferencias directas no deben quedar sujetas a los cambios de partidos o de titulares en el gobierno de la entidad. Las beneficiarias de esta entrega simbólica corresponden al rango de edad de entre los 55 y 59 años, sector considerado prioritario debido a las condiciones de vulnerabilidad económica y laboral que enfrentan en las comunidades rurales.
